Sociedad de no excluidos
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
Si aceptamos como válido que para tener una vida buena y un bienestar común, es necesaria la comunidad política o el Estado democrático, debemos admitir que dentro de este podemos ser ciudadanos y ciudadanas, esto es, miembros decisores libre y plenamente comprometidos.
De igual forma, para vivir bien hay que ser políticamente activo, colaborar con nuestros conciudadanos, determinar con ellos nuestro destino común, pero no por el proyecto final que deseemos determinar, sino por el esfuerzo de colaboración mismo, en el que encuentran expresión nuestras capacidades superiores como agentes racionales y morales.
Si me preguntaran cuál es nuestro mayor problema, me atrevo a afirmar que es la exclusión, que genera fragmentación, aislamiento y alejamiento social.
¿Cuál es el antídoto contra la fragmentación? La ciudadanía. No tengo dudas de que sólo una sociedad de no excluidos (más que una sociedad de incluidos, que siempre deja fuera a muchos y muchas) y de ciudadanos activos e implicados tiene la posibilidad de desarrollarse.
Solo una sociedad que no excluya a nadie es más justa que una sociedad que “incluya” a mujeres y hombres excluidos o marginados (Walzer), verdaderos no participantes en el mundo al que pertenecen. Por ello se critica tanto en la sociedad de hoy la dependencia de la ayuda pública, cuando es entendida como mantenimiento de un clientelismo, porque ella no produce participantes activos en la economía y en el sistema político.
Me preocupa la visión tantas veces compartida por muchos gobernantes y dirigentes políticos del asistencialismo para generar lealtades clientelares, pues entienden muchas veces que las prestaciones sociales son una mera ayuda humanitaria y una consecuencia de ello es que los hombres y mujeres excluidos son responsables de su propia suerte.
Si queremos una sociedad de derechos y no de limosneros, forjemos la comunidad política en capacidad de parir ciudadanos activos, comprometidos y responsables, que procuran un bienestar colectivo y la garantía de los derechos fundamentales.
