¿Necesitamos reformar el Código Procesal Penal (CPP)?
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
La modificación al CPP es una respuesta al problema del aparente auge de la delincuencia. Pero dicha decisión no reposa en criterios de eficacia y de justificaciones de índole político criminales.
Como todo problema de trascendencia social, la conflictividad penal requiere de atención por parte del Estado a través del diseño, desarrollo, implementación y control de políticas públicas de gestión de la conflictividad. Las políticas públicas son respuestas a situaciones de la realidad social juzgadas políticamente como inaceptables (Subirats).
El diseño de una política pública implica un reconocimiento efectivo del problema político y una identificación del panorama en el que se pretende intervenir de manera eficaz. Ello incluye un análisis de la conflictividad penal capaz de distinguir cuál es la que se encuentra, ya que como fenómeno social responde a dinámicas distintas.
Aunque se hable genéricamente de “aumento de criminalidad” debe enfatizarse en cuál clase de “criminalidad”. No es igual el conflicto derivado del narcotráfico que aquel del abuso contra la mujer.
Los factores sociales, políticos, institucionales y económicos son diferentes y esas diferencias podrían arrojar una necesidad de gestión eficaz especializada. Las estrategias político criminales deberán variar de acuerdo al conflicto de que se trate. Este primer elemento apunta a que la estrategia de la modificación del CPP, como solución genérica al auge de la conflictividad criminal, puede ser un error. Sobre todo cuando se puede observar que las modificaciones sugeridas son más bien técnicas.
Además, antes de tomar la decisión sobre cómo gestionar la conflictividad criminal, se debe considerar el panorama político-institucional.
Debe evaluarse la capacidad de respuesta institucional al fenómeno de la criminalidad, pues sería estéril una decisión político criminal de índole legislativo si los agentes encargados de implementarla tienen grandes deficiencias operativas.
Desde esta óptica una gran desventaja en el proceso de diseño de una política criminal eficaz lo es la debilidad institucional creada, en gran medida por la corrupción de las agencias de persecución, como la Policía Nacional y falta de recursos humanos y logísticos idóneos para llevar a cabo investigaciones y persecuciones criminales eficaces.
Más adelante seguiré abordando el contexto político de la propuesta de modificación al CPP y los problemas técnicos de la pretendida reforma, como aporte a un debate serio y despojado de grandilocuencias políticas que pueden nublar los verdaderos problemas que no tienen solución con discursos de tan altos decibeles como falaces.
