Reforma tributaria deslegitimada
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
En democracia el mejoramiento del entorno económico es una condición necesaria, pero no suficiente, de toda reforma fiscal integral. Se requiere además agotar mecanismos de legitimación social.
Para satisfacer este último requisito el artículo 251 de la Constitución, a la vez que crea el Consejo Económico y Social, como órgano consultivo del Poder Ejecutivo y como ente encargado de promover la concertación social entre las fuerzas que conforman la vida nacional, establece la concertación social como instrumento esencial para la participación organizada de la sociedad en las decisiones referentes a la construcción y fortalecimiento de la paz social.
El artículo 36 de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y a garantizar la sostenibilidad fiscal, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca las normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.
Este pacto fiscal implica realzar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria y elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo.
La salida del gobierno del Consejo Económico y Social (CES) no solo distorsiona el concepto de pacto, entendido como acuerdo entre varias partes, transformándolo por el de convenio de una sola parte, sino que choca con la obligación del Estado de promover una democracia participativa y una ciudadanía responsable, incrementa el descreimiento ciudadano en sus autoridades y desacredita los instrumentos de legitimación social.
El presidente de la República y el Congreso Nacional tienen la oportunidad de rectificar y detener el grave daño que a la calidad de la democracia ocasionaría la imposición de una reforma fiscal, que ni es fiscal ni es reforma, regresando al espacio del diálogo.
