Publicidad estatal regulada
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
Cuando los ayuntamientos o los poderes públicos, en general, precisan del concurso de la población para ejecutar políticas públicas en las diferentes áreas, es cuando deben funcionar los mecanismos de difusión y sensibilización, pero siempre de manera racional.
Los anuncios gubernamentales tienen por finalidad dar a conocer la implementación de tales medidas, para que la población esté preparada y contribuya con su realización. No pueden ser utilizados para promoción personal de quienes gobiernan.
Pero, la realidad es otra. Numerosas instituciones públicas repiten, sin piedad muchas veces, sus realizaciones. Esto crece en el período electoral. La publicidad estatal alarma. Compite con el sector privado. La televisión, cable, radio, periódicos, etc. están plagados de promoción personal con recursos públicos, que tanto necesita la educación.
Ese despilfarro irresponsable de fondos del erario no puede continuar. Esto puede lograrse con administradores públicos íntegros y mediante la regulación de la publicidad estatal.
Contrario a lo que ocurre, la publicidad estadual debe promover patrones de conductas de relevancia social, políticas de prevención del delito, seguridad pública, ahorro, preservación del medio ambiente, escolaridad, salubridad y limpieza, entre otras.
Para que responda a sus fines la publicidad estatal debe: 1º. ser transparente en su diseño, puesta en obra y desarrollo; 2º. realizarse conforme a las funciones y atribuciones de la entidad; 3º. responder a las metas y prioridades establecidas en los programas respectivos; 4º. describir y justificar las campañas institucionales propuestas; 5º. justificar técnicamente la selección, sin privilegios, de los medios de difusión, de acuerdo con el público y fines perseguidos, el alcance, tiempo, equilibrio informativo e impacto de la campaña; y, 6º. Contar con un presupuesto para impulsar las acciones comprendidas en las campañas. Debemos promover una ley reguladora de la publicidad estadual y la cultura de la eficiencia en el uso del presupuesto público.
