Pacto por la seguridad ciudadana
Una sociedad con paz social, donde las personas se puedan desarrollar en un entorno libre de riesgos y amenazas, es a lo que los dominicanos aspiramos.
Las garantías sociales, que son una responsabilidad del Estado, contemplan la seguridad ciudadana y el libre desarrollo de los individuos en un entorno de tranquilidad social, sin lo cual, no hay prosperidad.
Aunque están pendientes dos pactos fundamentales -el eléctrico y el fiscal- es prioritario y vital un pacto por la seguridad ciudadana en conjunto con la sociedad civil.
El acuerdo debe incluir: 1) las reformas normativas que permitan una nueva organización de un sistema nacional de seguridad ciudadana de responsabilidad compartida, sociedad civil y Estado; y, 2) La reforma integral de las instituciones del orden existente y sus capacidades de respuestas preventivas y una vez ocurrido un hecho delictivo.
Las instituciones que intervienen en la lucha cotidiana contra la delincuencia conocen muy bien cómo operan las mafias y las organizaciones delincuenciales. Sobran los estudios y congresos y algunos hemos dedicado tiempo valioso a estudiar el fenómeno de la criminalidad y la necesidad de una política criminal pertinente.
Es complejo, pero en la comunidad de pensadores políticos hay puntos de acuerdo que marcan ya un camino concreto por el cual dirigir las políticas públicas y reformas normativas, que tendrán efectos positivos en los índices de criminalidad y paz social en nuestro país.
La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y de derechos sociales, la insuficiencia de recursos públicos para mejorar la función operativa policial y la calidad de vida de los agentes, como la falta de coordinación entre instituciones gubernamentales y la sociedad, forman parte de los factores identificados y que deben ser tomados en cuenta a la hora de una reforma profunda e integral del sistema de seguridad nacional ciudadana.
La confianza del ciudadano en el sistema de justicia y de seguridad ciudadana es fundamental.
Las reformas de optimización del sistema judicial deben garantizar que aquellos casos que afecten la confianza ciudadana en la justicia dominicana sean prioritarios.
Necesitamos una ciudadanía involucrada y que crea firmemente en sus instituciones. Pero sin voluntad política determinante y consistente no será posible lograr la tranquilidad social.