¿Más cárceles para la pobreza?
El excesivo número de internos en las cárceles dominicanas me hace reflexionar recurrentemente sobre el crecimiento de la política penalizadora del Estado y sus destinatarios.
En “Las cárceles de la miseria” Loïc Wacquant analiza la estructuración de un aparato que impulsa una gestión punitiva de la inseguridad laboral y de las condiciones de precariedad. De ahí que las frustraciones, debilidades y problemáticas sociales que generan pobreza no pueden ser replicadas en los modelos actuales de prisión.
La presión penal se dirige, fundamentalmente, sobre segmentos de población marginada del mercado laboral y de bajo poder adquisitivo. El encarcelamiento, lejos de resolver, ratifica la precariedad social y laboral a la que se hallan expuestos reiteradamente determinados grupos y capas sociales.
En los últimos 3 años los Países Bajos han clausurado 24 cárceles y sus niveles de criminalidad han bajado consistentemente desde 2004. La primera afirmación puede que sorprenda, si se ve desde la realidad social dominicana.
Y es que República Dominicana padece de una tendencia de incremento de la población carcelaria en los últimos 10 años: 232 de cada 100,000 habitantes (Prisonstudies). Solo la cárcel de La Victoria tiene una población de más de ocho mil internos.
En contraste con los Países Bajos, 69 de cada 100,000 habitantes y con un índice de reincidencia de un 40 %, descendiendo cada año. Su modelo de rehabilitación de los internos, basado en la garantía de los derechos básicos y la oportunidad de aportar a la sociedad desde diversas profesiones, funciona.
Los elementos de variación de los índices de criminalidad no solo contemplan la rehabilitación. Hay quienes como Arjen Boin, profesor de la Leiden University en los Países Bajos, afirman que el aumento o disminución en los indicadores de la criminalidad de un país no tiene nada que ver con las prisiones. Las cárceles están cerrando, no por su buen o mal funcionamiento, sino porque la gente no está delinquiendo.
El poder represivo del Estado debe usarse de manera que en el proceso de su ejecución, la sociedad gane más de lo que pierda. Revisemos nuestras políticas preventivas, represivas, de rehabilitación y los factores sociales que inciden en el comportamiento criminal. ¿Más cárceles para castigar la pobreza es lo que necesitamos?