No, Radhamés
En pasados días, el exprocurador general de la República, Radhamés Jiménez, externó que debe establecerse un impuesto con el cual se contribuya a dotar de mayores recursos a la Policía Nacional como forma de ayudar a combatir la alta criminalidad que padece la República y con ello reforzar la seguridad ciudadana. En palabras del propio Radhamés conforme al periódico Diario Libre:
“Para lograr eso nosotros planteamos que en República Dominicana la seguridad ciudadana hay que pagarla”, precisó. Para Jiménez Peña al igual que las empresas pagan una seguridad privada, el ciudadano debe pagar su seguridad, “y aquí no se paga seguridad ciudadana. Hay que crear y brindarle todos los recursos de que requiera, una academia de policía para su formación, hay darle todos los equipos necesarios para que ese policía se desenvuelva de manera confortable, pero además dotarlo de un salario digno”.
Sobre esta declaración hay que puntualizar algunas cuestiones. Comenzando porque me parece loable que hable de aumentar los salarios de la policía e incluso esté a favor de la reforma policial, sobre todo porque en sus declaraciones señala lo que se necesita: entrenar a los policías, proveerles de los equipos necesarios, academizarlos, etc.
Empero, esta afirmación del señor Jiménez deja mucho que desear ya que mientras estuvo en su cargo no propugnó por la realización de esos cambios ni por la elevación del salario de los policías. Además, decir que se necesita crear un impuesto para la seguridad ciudadana es reducir este tema a recursos para la policía u otros organismos.
La seguridad ciudadana no se garantiza solamente asignándole más dinero a una institución disfuncional y corrupta, también el Estado tiene la obligación mejorar los servicios sociales (educación, salud, etc.) e impulsar políticas públicas de inclusión social como sería un plan nacional de generación de empleos dignos y bien remunerados que permitan a cientos de personas salir del círculo de la pobreza y criminalidad. Claro, con esto solo me refiero a la delincuencia común y es porque es la que afecta diariamente al ciudadano de a pie.
Asimismo, plantear la creación de un impuesto solo para la seguridad ciudadana no solo constituye una insensatez sino que también supone un absurdo. Por definición, los impuestos son tributos que pagan los ciudadanos para solventar el gasto público del Estado. En otras palabras, con los impuestos el Estado sufraga su funcionamiento y el de los servicios que debe proveer. Entre estos, la seguridad.
Los dominicanos no tenemos que pagar un impuesto extra o alguna tasa –en términos más técnico- por la seguridad pública ni tampoco por el servicio del 911 como se pretendía. Nuestros impuestos van dirigidos a que los servicios públicos funcionen eficientemente, a que el Estado conforme una policía capaz y que salvaguardo la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. No pagamos impuestos para que los funcionarios coman mejor en los restaurantes de lujo de Santo Domingo, ni para que al retirarse reciban una pensión suculenta. Pagamos para que el Estado cumpla con su función esencial según el artículo 8 de nuestra Constitución:
“Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y toda.”
¿Hay que asignarle más recursos a la Policía Nacional para que se profesionalice y se aumenten los salarios de los policías? Sí y para eso el Congreso Nacional tiene que concederle un aumento sustancial en su partida presupuestaria.
No la creación de un impuesto a la seguridad, Radhamés.
