Ley de partidos, necesidad imperiosa
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
El que en República Dominicana hayan partidos políticos no significa que tengamos un pensamiento y una sociedad política.
Con sus prácticas muchos de los políticos profesionales nuestros lo reniegan. Y es que pensar políticamente es combinar el pensamiento, manifestado en ideas, discusiones, planes, estrategias, programas, proyectos, metas de nación y decisiones oportunas para la construcción cierta de un mejor futuro.
¿Tenemos nosotros una clase política? Hay un pequeño grupo de pensadores políticos, serios algunos, pero los partidos se comportan más como sociedades que son tomadas por minorías que arrastran a la mayoría a través de diversas formas de perversión muy conocidas para manipular las masas.
Los partidos políticos han perdido su identidad y se han hecho un solo cuerpo alrededor de liderazgos que en esencia son negadores de la colectividad y exaltadores del individualismo que anula la fuerza social.
Generar un pensamiento político sólido, capaz, inteligente, solidario, consciente, íntegro, comprometido con el bienestar general, con la causa y los intereses comunes, debe ser la meta inmediata de los dominicanos.
Precisamos de una nueva generación de políticos agudos, honestos, incorruptibles, creyentes en la gestión transparente, en la rendición de cuentas, en las sanciones cuando sean procedentes, en la ética política y que estén unidos por un proyecto de nación.
Esa nueva camada de políticos, aprovechando las experiencias y consejos de aquellos que han demostrado en la práctica política su compromiso con el bien de todos, deberá emprender la tarea de disponer y decidir hoy, con la claridad de ideas, el futuro que queremos para los próximos 20 años, por lo menos, siendo sus decisiones las consensuadas política, técnica y socialmente con la mayoría del país.
Un requisito esencial para emprender esta ruta es la de tener una ley de partidos y agrupaciones políticas, imprescindible para el cambio institucional de estas entidades, para su democracia interna, la alternancia en su dirección, la educación y formación políticas, la igualdad de derechos y deberes de sus integrantes, la regulación de los diferendos y la transparencia, así como la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados.
Esta normativa no admite más dilaciones.