Derecho y desarrollo
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
Para muchos el derecho no cuesta. Por ello que para resolver problemas sociales recurren al derecho. Pero la realidad es otra, pues en concreto el derecho está conformado por incentivos y desincentivos que organizan la conducta de una sociedad y orientan el camino de desarrollo que tomara una nación.
El orden político necesita del derecho como norma y herramienta de convivencia social, para crear reglas y políticas públicas que vayan en el sentido de mejorar la calidad de vida de la gente.
El derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio empleado para optimizar nuestras vidas en un marco político y económico estable.
El artículo 5 de la Constitución contiene la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Lo social implica expectativas de desarrollo e implementación de políticas a favor de la persona, que aseguren un cierto nivel de institucionalidad y un marco regulatorio eficiente.
Digo eficiente en el sentido operativo del derecho, que más que un obstáculo, sea un incentivo al desarrollo social.
La estrategia nacional de desarrollo 2030 determina el sentido del derecho y el camino a adoptar por los sujetos políticos al momento de utilizar la norma como uno de los mecanismos para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo como nación.
El derecho impacta negativa o positivamente el desarrollo de una sociedad y debe ir en coherencia con las metas de lo que queremos ser como sociedad, marcadas dentro de la ley de la estrategia nacional de desarrollo y los preceptos constitucionales del estado social y democrático de derecho.
Pero hay que estar claros: el derecho tiene un costo social, en su creación, ejecución y cumplimiento, por lo que los políticos deben utilizar al derecho para conseguir un desarrollo programado, continuo y no accidentado.
El desarrollo implica maximizar y mejorar el aparato burocrático estatal, un sistema de mercado capitalista organizado, un sistema jurídico unitario y una estructura política democrática (Parsons).
Si queremos un desarrollo institucional, económico y social, partiendo del derecho, debemos agregar también el respeto a los derechos fundamentales, el fortalecimiento institucional y la libertad de los agentes económicos dentro de una estructura normativa que asegure una economía inclusiva y una justa distribución de las riquezas.
