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Justicia y limites de Estado

Escrito por: Carlos R. Salcedo C.

Solo el poder contiene al poder (Montesquie). Esta idea tuvo su más destacada implantación con los constituyentes de Filadelfia mediante la creación del sistema de frenos y contrapesos, que tiene sus manifestaciones en las Constituciones modernas.

 Concepciones absolutistas, definidas claramente en la identificación del Estado con la persona, como lo concebía Luis XIV al decir “El Estado soy yo”, pasando por la expresión reflejo del principio de la irresponsabilidad estatal de Luis XV, según la cual “después de mi, el diluvio”, repetida siempre por Ulises Heureaux (Lilís) y la resignación fatalista del Leviatán de Hobbes, que resurge en el pesimismo de Schmitt, marcaron  el pensamiento según el cual el Estado es un fin, ilimitado por definición.

 Afortunadamente a estas ideas le siguen las del contractualismo optimista de Locke y las liberales de Stuart Mill, las cuales tenían una base común: el Estado es un medio, una herramienta, un instrumento, esencialmente limitado.

A la concepción del Estado autoritario se opone la idea que concibe al Estado como un medio al que corresponden las formas y las instituciones del Estado democrático de derecho. Es a este al que va unida la limitación jurídica del poder, a través de las estructuras que permiten las diversas formas de ejercicio indirecto de la democracia, como el sistema judicial, la descentralización, la autogestión y la subsidiaridad.

 La existencia del Estado democrático depende del respeto a la igualdad civil y política de sus miembros. Sólo así se pueden construir las estructuras políticas y sociales que reconozcan el pluralismo de las ideas y el respeto por estas,  la limitación y el control que tiene el Poder y el régimen de protección real de las libertades, para impedir que se vulneren los derechos fundamentales y subjetivos.

El control de la constitucionalidad, la constatación judicial de los derechos fundamentales y el principio de separación de los tres poderes del Estado constituyen el broche que permite asegurar el sistema frente a la dejadez, menosprecio, irracionalidad, arbitrariedad y excesos que muchas veces acompañan las acciones u omisiones de quienes por mandato constitucional están llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, las cuales fijan los límites de sus actuaciones.