Criminalidad y papel del Estado
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
El Estado dominicano ha invertido importantes recursos en la preparación de jueces, fiscales y defensores públicos, alcanzando estos adecuados niveles de desempeño. Pero, aunque se trata de una labor siempre inconclusa, lo mismo no puede decirse de la Policía Nacional y demás organismos del orden, cuyas prácticas y recursos permanecen intactos, cuando hay una criminalidad que exige una mayor capacidad de respuesta.
Esto nos lleva al problema de fondo de la gestión del auge de la conflictividad. Si el sistema penal dominicano se construye sobre la base de que la acusación debe ser demostrada en juicio, el problema de las debilidades en la gestión de la criminalidad puede encontrarse en la calidad de la recopilación de los elementos de hecho que deben sustentarla y que el juez debe verificar antes de calificar un hecho como delito y a alguien como delincuente.
Esta debilidad institucional es más evidente en la conflictividad sofisticada, como el narcotráfico, el tráfico de personas, la corrupción administrativa y los delitos cometidos a través de estructuras criminales. Sólo hay persecuciones y condenas en casos de relevancia política y sólo parcialmente. No obstante, la debilidad institucional existe también en los casos más cotidianos, en los que la Policía Nacional carece de los medios para realizar sus esenciales funciones públicas, lo que da lugar a la corrupción o a los abusos para “resolver” la conflictividad criminal.
Por ello el técnico político criminal debería pensar, antes que en una reforma técnico jurídico donde se amplíen plazos procesales o se modifiquen los presupuestos para otorgar la prisión preventiva, en como la capacidad de respuesta a la conflictividad criminal. El aumento del plazo para recurrir, por ejemplo, como ha sido propuesto en el proyecto de modificación del Código Procesal Penal en nada tiene que ver con la eficacia de la gestión de la Policía Nacional en la persecución de la conflictividad violenta.
La complejidad social del fenómeno criminal, que no puede clasificarse en una sola categoría sin que se haga una abstracción a la realidad que nos enajene de ella, y la poca o nula capacidad de respuesta de los órganos de prevención y persecución son elementos suficientes para determinar que la respuesta no debe ser normativa, sino de calidad de gestión y para ello los recursos normativos son más que suficientes.
Lo que hace falta es aumentar la calidad de la investigación en el marco del proceso penal y utilizar estratégicamente los limitados recursos del sistema penal.
