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Régimen económico y justicia social

Como Estado Social y Democrático de Derecho la República Dominicana contempla en su Constitución una serie de principios del régimen económico que tienen por finalidad el mandato de realización de derechos fundamentales, individuales y colectivos, de índole social.

Está claro que sin productividad y desarrollo económico, el bienestar social es imposible (Tron Petit). Pero, a pesar a pesar del crecimiento económico experimentado, este no se ha traducido en nuestro país en el más efectivo desarrollo de la sociedad ni en la concreción de determinados derechos sociales para la población.

Los autores  han considerado que “los principios rectores de la política social y económica son conceptos interdependientes, en tanto que los objetivos sociales que pretende alcanzar y hasta tutela la Constitución, se apoyan en un desarrollo económico que los haga posible y efectivos para concretar los requerimientos sociales de un Estado social y democrático de derecho cuyo objetivo final es el beneficio real y concreto de las personas” (Ferrer Mac-Gregor y otros).

En la República Dominicana el Estado tiene como guía de planificación e implementación la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, herramienta con la que se busca lograr la mejoría y el desarrollo social, económico, político y territorial de la nación. Aunque todavía es muy pronto para visualizar el avance en la consecución de los objetivos y metas alcanzadas, es innegable que la sola configuración del régimen económico en la Constitución y la promulgación de un marco normativo que haga de ese régimen una realidad viva y operante constituye una victoria para la sociedad dominicana.

Ahora el reto del Estado dominicano y la sociedad, participando esta última activamente en el quehacer social, político y económico, es hacer que dicha planificación se cumpla con todo el rigor necesario, a través de las funciones que le han sido conferidas a cada uno de los agentes que intervienen en esta transformación social y económica. Efectivamente, alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo es una tarea de todos, pues el bienestar social se traducirá -a largo plazo- en empleos productivos, trabajo digno, acceso a recursos naturales, incremento de las garantías sociales y reparto equitativo de las riquezas, generando así que estemos más cerca como sociedad de la anhelada justicia social.

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