Pacto por una verdadera justicia
El pacto por la justicia y su inmediata puesta en ejecución no pueden tardar. Necesitamos un sistema judicial más independiente, moderno, con jueces, fiscales y personal administrativo capaces y eficientes, pues hay un preocupante nivel de precariedad institucional, lo que debe enfrentarse inmediatamente.
Presupuesto deficiente, señales peligrosas de corrupción, falta de compromiso de algunos miembros del sistema con una justicia pronta y cumplida, formación deficiente o detenida aún de una parte del personal y una carga impresionante de procesos que desbordan las capacidades de respuestas de los operadores del sistema, son algunos de los síntomas de la condición de la justicia.
Adolecemos de litigitis judicial -todo llevarlo a la justicia-. No hemos sido capaces de emplear eficazmente los mecanismos de solución alternativa de disputas para disminuir la altísima mora judicial, que hace muchos procesos interminables. Esto es denegación de justicia pura y dura.
Lo peor es que este estado de cosas medra la credibilidad del sistema judicial y entraña consecuencias terribles para la inversión y la seguridad jurídica.
Necesitamos una justicia alejada de las órdenes. Aún reconociendo los avances experimentados la capacitación debe ser general, se debe universalizar la calidad en la infraestructura y los medios informáticos y tecnológicos. Hemos dado pasos hacia adelante, pero debemos fortalecer y ampliar esos logros.
La inspectoría judicial debe ser ampliada y fortalecida para pasar del contador de decisiones a un verdadero sistema de medición de la calidad del sistema judicial.
Estamos en un buen momento para mejorar y fortalecer los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Hay que reducir la litigiosidad en el país, depurando previamente los casos, de manera que los tribunales y las fiscalías sean más eficientes.
Al sistema que aspiramos es al que no solo sea bueno en la resolución pacífica de conflictos, sino que los reduzca y hasta los evite.
Los apremios que viven la sociedad y los propios operadores de la justicia dominicana impiden muchas veces los adecuados controles y seguimiento, pero la justicia se legitima con sus correctas actuaciones, lo que en este momento implicaría un proceso de renovación institucional, que es una oportunidad para fortalecer nuestra democracia y el sistema de justicia