Legitimidad del Poder Judicial en juego
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
El Habeas Corpus con el que Luis Álvarez Renta ha pretendido su libertad plena, bajo el alegato de haber cumplido la pena de prisión de 10 años que le fue impuesta por lavado de activos, debe llamar la atención de la opinión pública y del sistema judicial, por la trascendencia que para la institucionalidad tendría la sentencia definitiva. El fallo está pendiente en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), integrada por los magistrados Miriam Germán Brito, Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Fran Soto Sánchez y Alejandro Moscoso Segarra, donde llegó por un recurso de casación de Álvarez Renta.
En julio de 2013 Álvarez Renta accionó en Habeas Corpus ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con la finalidad de que este tribunal declarara lo insólito: que teniendo apenas algo más de 5 años en prisión (con los niveles de libertad conocidos) ya cumplió los 10 años de su condena. Dicha acción constitucional fue rechazada por el Mag. Teófilo Andújar Sánchez el 25 de octubre de 2013, decisión que fue recurrida en apelación por Álvarez Renta, recurso que le fue igualmente rechazado por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Hasta ahora los jueces han considerado, como debe ser, que los 4 años, 8 meses y 2 días que dicho señor estuvo en libertad no pueden computarse como tiempo de prisión efectiva y cumplida que deba ser descontada del tiempo de condena de 10 años, por lo que no se encuentra guardando prisión en exceso de la pena que fue impuesta.
Actualmente, que, por demás y sorprendentemente está interno en un centro de salud desde el mes de septiembre del pasado año, Álvarez Renta espera, con apoyos purpúreos y oficiales, que la SCJ lo beneficie. De resultar favorecido por la SCJ se produciría un desastroso precedente que debilitaría el mensaje disuasivo y de respeto de las normas impulsado en contra de la delincuencia de cuello blanco, marcaría el fin de la lucha contra la impunidad en materia de lavado de activos y delitos graves y pondría en juego la legitimidad de la SCJ, en particular y del sistema de justicia dominicano, en general.
