El salario de un senador
La optimización de los recursos disponibles y la frugalidad en el gasto público deben ser parte de la política económica del Estado dominicano, en cumplimiento con la Constitución y las leyes.
La eficacia en el uso de los fondos públicos tiene una mayor dimensión cuando vemos que según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) la deuda consolidada del sector público ronda el 50 % del PIB. También debemos tomar en cuenta las necesidades de financiamiento público para implementar la reforma en materia policial y en seguridad ciudadana, del sistema de justicia (2.66 %), de salud, de la UASD, entre otras áreas de fundamental importancia para el desarrollo integral del país y su corolario de tranquilidad social.
La política retributiva salarial del Estado se fundamenta en un esquema jerárquico y de posición determinado por la Constitución y las leyes. La ley 105-03 establece la escala salarial para los congresistas.
Los salarios responden a montos marcados por la ley y nunca deben ser incrementados para favorecerlos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados, según lo dispone el Artículo 140 de la Constitución, lo que no implica un desconocimiento de las variables de indexación (ajuste por inflación) y de remuneración justa de acuerdo a las necesidades de cada funcionario electo.
El aumento salarial de los senadores no es oportuno.
He sostenido siempre que quienes ocupan funciones públicas deben ser bien remunerados y actualizados sus sueldos según las circunstancias sociales y económicas.
Debemos elegir las personas más capaces para que ocupen cargos públicos y asegurarnos que estén bien remunerados.
Ahora bien, tenemos otras prioridades, como la eliminación de la pobreza, acabar con la desigualdad social, recuperar la confianza perdida en las fuerzas del orden y acabar con la criminalidad que atenta contra la paz social y el desarrollo nacional.
Y más, ¿y los empleados del propio Senado y de las demás instituciones del Estado que perciben salarios que no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta mínima?
Tenemos las herramientas necesarias de control y transparencia salarial del Estado.
Lo que debemos es reenfocar el destino de los recursos públicos hacia las áreas que demandan de más inversión urgente, como las que he mencionado. El llamado es a la prudencia y a la equidad.