El paraguas negro por la justicia
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
En su artículo 3 la Ley 194-04 establece que el Presupuesto del Poder Judicial será́ de por lo menos un 4.10% del Fondo General. De este porcentaje el 2.665% le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y el 1.435% al Ministerio Público. El fundamento de tal disposición es que, por disposición constitucional, el sistema de justicia goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.
Sin embargo, desde su entrada dicha ley ha sido incumplida. En los años 2011, 2012 y el cursante año 2013 el porcentaje del presupuesto asignado al Poder Judicial fue de apenas un 1,28%, 1,07% y 0.7, respectivamente. Las razones invocadas son diversas: las leyes que establecen un porcentaje para determinados sectores del Estado son inflexibles y los ingresos del Estado no alcanzan para cumplir dichas disposiciones. Lo cierto es que este poder del Estado tradicionalmente fue considerado como un pastel político y empresarial al servicio de intereses alejados de la correcta administración de justicia.
Los reclamos de una mayor asignación no son una necedad, sino solamente la petición de cumplimiento de la ley por parte de quienes formulan y aprueban el presupuesto.
Si queremos una administración de justicia imparcial, como corolario de su independencia, integrada por jueces íntegros, capaces, eficientes y dignamente pagados, hay que apostar los recursos necesarios para garantizarlo. De lo contrario seguiremos perdiendo jueces, fiscales y otros empleados del sistema judicial en quienes hemos invertido tantos recursos, con el siguiente peligro de descreimiento en la justicia como valor y como derecho, sin el cual no habrá goce de otros derechos.
Sin una justicia competente, imparcial e independiente se podría perder la posibilidad de la protección de los derechos fundamentales para mejorar la vida de las personas y el goce efectivo de varios bienes sociales. Abramos el paraguas negro por la justicia para generar la conciencia necesaria para que el 4.10% del presupuesto general del Estado que le corresponde por ley al Poder Judicial le sea asignado a partir del año 2014.
