El holocausto racial
Diferentes medios de prensa norteamericanos, canadienses y españoles, entre otros, se han hecho eco de declaraciones como las de los alcaldes de Nueva York y Montreal, así como de diversas fundaciones, como Open Society, que han calificado el plan dominicano de regularización de nacionales extranjeros y su consecuente plan de deportaciones organizadas de aquellos no regularizados, de injusticia grave e incluso de desnacionalización comparable con la de los judíos en la Alemania nazi, asimilable al holocausto contra la población de origen haitiano.
No es un secreto para quienes siguen mis pronunciamientos que soy defensor de los derechos fundamentales no solo de los dominicanos, sino de todos los hermanos del mundo entero, entre los cuales se encuentran los que residen en cualquier circunstancia migratoria en la República Dominicana, que puedan ser afectados por cualquier instancia del Estado.
La razón es sencilla, es deber de todo Estado promover, defender y preservar los derechos humanos, sin importar la nacionalidad, el origen, la raza, o cualquier otra circunstancia que haga a las personas diferentes unas de las otras.
De igual forma, he considerado que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) claramente desnacionalizaba una serie de ciudadanos, sobre todo de origen haitiano, mediante la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de una vasta población que ni siquiera fue parte de la acción de amparo que dio lugar a la aludida decisión.
Sin embargo, reconozco que el Estado dominicano ha sabido, en gran medida, dar respuesta a esta iniquidad al permitir, en virtud de la Ley 169-14, que se validaran los documentos que reconocían como dominicanos a los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular registrados en los libros oficiales.
Llegar al grado de exageración de acusar al país de patrocinar y ejecutar un plan dirigido a limpiar la raza dominicana, como en el fondo parece, es una imputación que desdice del esfuerzo del Gobierno de la República Dominicana por dar una respuesta verdaderamente humanitaria a un problema tan sensible, con el cual la comunidad internacional debe ser solidaria, en lugar de atribuirle al país una práctica de segregación racial que, en modo alguno, se condice con los niveles de colaboración, sensibilidad.