“Democracia” de ciudadanos sin atributos

Escrito por: Carlos R. Salcedo C.

Con la tan cuestionable eliminación, por parte del Congreso Nacional, del párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal, que faculta a cualquier persona a constituirse como querellante en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de su función, se revela la necesidad del pueblo de frenar cada vez más los propósitos de muchos políticos de actuar con las manos libres y sin control ciudadano.

La excusa de los legisladores es que hay que adecuar el Código a la Constitución que dispone en el artículo 22 la facultad de los ciudadanos de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Con ello ocultan que también la Constitución en su artículo 75.12 establece que es un deber fundamental del ciudadano velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

¿De qué manera puede velar el ciudadano por el buen uso de los fondos públicos por parte de sus funcionarios? ¿Comiendo boca? ¿Haciendo un tour por el Congreso? ¿Parándose en una esquina o frente al Palacio del Congreso a decirlo?  Quizás lo que entienden muchos legisladores es que el funcionario público es un ser especial que debe gozar de toda clase de trato privilegiado y que el ciudadano es un puro observador que, a lo sumo, puede  tomar un megáfono para llamar la atención.

¿Cuándo ha actuado de oficio el Ministerio Público para investigar, perseguir y acusar a los funcionarios públicos por actos de corrupción? Si ha habido algún caso ello confirma la regla: nunca. Aún con esa disposición del Código Procesal Penal son contadas las denuncias y querellas ciudadanas ante el sistema de justicia. Pero el afán es, como quiera, de cerrar el paso a esos pocos casos, porque, como ciudadanos sin atributos que quieren que seamos, o debido a que desea que tengamos una democracia sin ciudadanos, debemos ser únicamente testigos mudos del proceso de corrosión de las bases del funcionamiento de nuestra malograda democracia.

Más allá de la autorrestricción propia de los funcionarios y del control institucional, históricamente insuficientes para atacar los actos dolosos del funcionariado público, se sigue jugando a la ya no suave destrucción de la democracia, sino a su pronta perención, con lo que se confirma que lo que se busca es que tengamos hombres y mujeres, dotados de muchas cualidades, y buenas, pero con incapacidad para apropiarse de ello por incapacidad de hacerlo.