Corrupción pública y ministerio público
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
Cada año se van en el mundo 1.5 billones de dólares en actividades de corrupción. Es un fenómeno que requiere una conciencia institucional de una estrategia de trabajo consistente.
En esto no hay soluciones mágicas ni unívocas. La educación y construcción de ciudadanía son instrumentos útiles, pero no bastan las medidas preventivas, como con el establecimiento de comisiones de ética en las dependencias públicas, ni con mejores salarios para los funcionarios o mediante la carrera administrativa, ni con reformas legales para aumentar las penas y sanciones, ni con más y mejores mecanismos de rendición de cuentas.
Será necesario también reformular el tipo de democracia y la concepción del Estado de derecho, para que la sociedad sea más libre e igualitaria, ya que en condiciones de marginación y pobreza, no habrá un clima adecuado para enfrentar la corrupción.
No basta un Poder Judicial independiente, si no existe una reforma profunda del ministerio público, la policía y la legislación penal. Sería frustratoria la lucha si no existe un compromiso político de librarla con determinación por parte de estos órganos y los partidos políticos, medios de comunicación, empresarios, iglesias y fuerzas armadas. La corrupción no puede entenderse sólo a la luz de los poderes públicos tradicionales o desde una visión exclusiva del sector privado o del social, pues los factores reales de poder mediatizan el funcionamiento de las instituciones públicas.
Es necesario diseñar, fomentar y construir un sistema de integridad y gestión estatal contra la corrupción, que, además de los cambios de diseño institucional: 1) Vincule todas las instituciones de investigación y acusación; 2) dirija la lucha contra la corrupción tanto a los poderes tradicionales como a toda la estructura estatal y a los factores reales de poder; 3) genere una cultura de la rendición de cuentas; 4) revise el sistema de responsabilidades a los servidores públicos; 5) modernice la administración pública y consolide el servicio civil de carrera; 6) garantice, fomente y promueva los derechos humanos; 7) Logre que los órganos de control, los tribunales y el ministerio público tengan los niveles de autonomía, capacidad, independencia y determinación de actuación requeridos y que la ciudadanía cuente con mecanismos eficaces y eficientes de fiscalización y vigilancia, frente a un fenómeno que mantiene en el naufragio al estado y sus instituciones.
