República Dominicana, reino de impunidad
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
En una parte importante del mundo se vienen dando demostraciones de un compromiso de lucha contra el abuso de la autoridad pública para el beneficio particular y el manejo inadecuado de los fondos del erario.
No se han limitado los esfuerzos para perseguir a los responsables de malversar los fondos públicos o de defraudar la confianza depositada en ellos por el pueblo. Investigaciones conjuntas por varios Estados, órdenes de detención de la Interpol y extradiciones, son parte de los esfuerzos realizados para no dejar en la impunidad a los responsables de actos de prevaricación y abuso de la gestión pública.
Francisco Flores Pérez, expresidente de El Salvador (1999–2004), fue solicitado en extradición a Panamá para responder a las acusaciones de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito; Jamil Mahuad, presidente de Ecuador (1998-2000), tiene en su contra una orden internacional de detención emitida por la Interpol para responder al cargo de malversación de fondos públicos; Alfonso Portillo, presidente Guatemalteco (2000-2004), fue condenado en 2014 por un tribunal federal estadounidense a 5 años y 10 meses de cárcel por lavado de dinero obtenido de un soborno de 2.5 millones de dólares por parte del gobierno de Taiwán, para que Guatemala lo reconociera diplomáticamente.
Estos, entre otros casos, son prueba de la voluntad de los gobiernos latinoamericanos en la persecución y sanción de la corrupción administrativa.
¿Y República Dominicana? Lo poco que se ha hecho tiene la ojeriza de la persecución política. Ello a pesar de que en materia legislativa, el Estado dominicano ha suscrito y ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Constitución de la República proscribe la corrupción en su artículo 146, cuando proclama que “se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”.
Sin embargo, en una nación necesitada de acciones concretas que, sin atender el color de partido, posición social, política o institucional, castigue a los responsables de corrupción, nos encontramos con la falta de detección, investigación, persecución y sanción, con la omisión cómplice o la persecución selectiva por parte de las autoridades del sistema judicial.
República Dominicana debe tomar el ejemplo de otras naciones del mundo, que sin atender a partido o posición, destituye, persigue, juzga y sanciona a los responsables de malversación de fondos del Estado y de gestiones públicas irresponsables, pues la corrupción tiene entre sus bochornosas consecuencias la negación del tan predicado desarrollo nacional. ¿Hasta cuándo?
