Repensar el sistema de justicia (IV)
Los jueces son la piedra angular del sistema de justicia y por tanto, quienes cargan con la mayor responsabilidad institucional frente a la ciudadanía y demás agentes del sistema.
Ya indiqué en la primera entrega de esta serie de reflexiones que era impostergable la asignación del 2.66% del presupuesto general como exige la Ley núm. 194-04, para iniciar cualquier reforma íntegra y profunda en la esfera del Poder Judicial y mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de la judicatura y los servidores judiciales.
Ahora bien, en lo que algún partido político no tradicional, la sociedad civil y las asociaciones de jueces terminan de empujar por el cumplimiento de la Ley núm. 194-04, en estos momentos de desconfianza en el sistema de justicia tenemos que discutir sobre los jueces que nuestro Estado de Derecho exige.
Repensar el sistema de justicia implica examinar y discutir el proceso de acceso a la carrera judicial, formación, selección y evaluación de la judicatura -lo cual aplica desde los jueces de paz itinerantes hasta los magistrados que conforman la Suprema Corte de Justicia- pero sobre todo la cosmovisión del sistema que debe imperar en la judicatura.
Poco cuestionamiento debe haber respecto al acceso a la carrera judicial mediante concursos públicos. Quizás la Ley núm. 327-98, sobre carrera judicial, debe revisarse para verificar los requisitos mínimos de acceso. Por el momento, para poder ser admitido a concurso para ingresar a la carrera, se exige la licenciatura en derecho, dos años con exequátur y estar en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. A esto se le suma completar el programa académico de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Para 1998 cuando se promulgó esta ley y quiso institucionalizarse la carrera judicial quizás esto era más que suficiente; pero hoy día no es así. Quizás sea loable exigir la acreditación de experiencia profesional de los dos años del exequátur y aportes académicos. De esta forma quizás sea posible, en un futuro próximo, tener toda una generación de jueces que habiendo ejercido la abogacía en cualquiera de sus áreas aporte durante su carrera judicial una visión holística en la solución de los conflictos de los que sean apoderados.
La formación de los jueces debe impregnar una cosmovisión del funcionamiento del sistema de justicia conforme lo exige nuestro Estado de Derecho. Los jueces no están solamente para “ser la boca de la ley” como lamentablemente todavía se nos enseña en las escuelas de derecho. Los jueces son los guardianes del orden constitucional y por tanto, no solo deben decir el derecho sino también garantizar su efectividad e interpretar las normas de conformidad con las reglas constitucionalmente establecidas.
El fortalecimiento institucional y democrático del Estado depende en una buena medida de las decisiones que se toman en los tribunales. Por eso los jueces tienen esa enorme responsabilidad de reivindicar el Estado de Constitucional de Derecho.
Una reestructuración del sistema de justicia necesariamente implica un cambio de mentalidad respecto a la función de los tribunales en todas las ramas del derecho que permita que desde la administración judicial se impulsen políticas tendentes a la uniformidad de procesos administrativos en los tribunales, la desburocratización, más celeridad y transparencia para reganar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Lamentablemente a pesar de los grandes avances en materia constitucional que el país ha tenido, suele olvidarse la cohorte de derechos y garantías que interactúan entre sí y que los jueces tienen la tarea de tutelar cuando se constatan abusos o violaciones de particulares o del poder público.
La cosmovisión del funcionamiento del sistema de justicia de parte de los jueces tiene que estar acorde al Estado Social y Democrático de Derecho formalmente proclamado en nuestra Constitución y esto implica que la judicatura defienda su independencia de poderes fácticos, del Ministerio Público y de los demás poderes constituidos.
La independencia del Poder Judicial no se fortalece cuando se vulneran las garantías mínimas en los procesos disciplinarios contra los jueces, que en algunos casos me atrevo a decir que son sometidos por decisiones que incomodaron a algún poder público. Esto lo que genera es miedo y menos independencia.
Para generar confianza en el sistema de justicia y alcanzar una definitiva independencia judicial, los jueces deben hacer prevalecer el Estado Constitucional de Derecho con todo lo que esto exige.
