No son las primarias
La constitucionalidad de la obligatoriedad de las primerias abiertas para los partidos políticos es un tema de debate nacional que tiene su raíz en la lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Un bando apuesta a las abiertas y otro a las cerradas. Al final más que un asunto meramente jurídico es totalmente político. Y esto es así porque ambas facciones tienen argumentos suficientes y válidos como para sostener y legitimar sus posiciones.
Sin embargo, abiertas o no, por sí solas en la modalidad que finalmente se aprueben no servirán para cumplir con las misiones que la Constitución le impone a los partidos. De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución los fines esenciales de los partidos políticos:
1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; y 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
La modalidad de las primarias en sí no está asociada a los fines esenciales de los partidos políticos. Estos fines están íntimamente ligados a las reglas del sistema electoral y de partidos. Por eso, además de discutir sobre la modalidad de elección de candidaturas, es primordial debatir sobre la transparencia de los partidos políticos, su financiamiento pre-electoral y durante las campañas, la participación de grupos históricamente discriminados (mujeres, jóvenes, LGTBQ, personas con discapacidad) en los puestos de dirección de los partidos, las potestades de fiscalización y control de la Junta Central Electoral (JCE), la reforma de la jurisdicción contenciosa-electoral, entre otros.
Los partidos políticos podrán cumplir con sus fines constitucionales en la medida en que se hagan los ajustes necesarios al sistema electoral y de partidos. Por eso, más que de primarias, la ciudadanía debe hacer hincapié, por ejemplo, en la transparencia, exigiendo que se incluyan serias obligaciones sobre el uso de los fondos que reciben los partidos.
Tal podría ser colgar estados mensuales en las páginas web de los partidos para que toda la ciudadanía pueda enterarse en qué gastan el dinero que reciben los partidos. La nómina de estos debería también ser pública. De hecho, los partidos deben tener una oficina de acceso a la información pública.
Asimismo, para lograr que los partidos contribuyan “en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana” necesariamente tenemos que hablar del financiamiento a los partidos políticos. El financiamiento público a los partidos tiene dos vertientes: para su normal funcionamiento y para la campaña electoral. En cada una de la vertientes la pregunta válida es: ¿qué tantos recursos los contribuyentes deben aportar a los partidos?
Hablar de primarias abiertas e incluso cerradas, supervisadas por la Junta Central Electoral (JCE), utilizando los recintos electorales, implica más gastos a favor del sistema de partido que quizás rayaría en un lujo para un país donde mueren niños por falta de condicionamientos en los hospitales.
Además si se quiere que los partidos participen en igualdad de condiciones como manda la Constitución, el financiamiento público de los partidos tiene que ser lo más equitativo posible. En lugar de 80% del financiamiento para los partidos mayoritarios (5% de los votos válidamente emitidos), podría reducirse a un 50%. Esa es una opción.
El eclipse del tema de las primarias ha impedido hablar sobre la necesidad de poner un tope del financiamiento privado a las campañas y si queremos mantener el esquema de financiamiento mixto a los partidos políticos. Limitar el financiamiento privado y equilibrar el público, definitivamente cambiaría la forma de hacer política de los partidos y con ello contribuirían más al fortalecimiento de la democracia.
Igualmente, un tema soslayado es el de las cuotas para la participación electoral de las mujeres. Es fundamental apostar a la paridad si queremos que los partidos cumplan con los fines constitucionales encomendados.
El fortalecimiento de la institucionalidad democrática necesariamente implica cambiar el actual régimen electoral y el sistema de partidos como lo conocemos, siendo urgente que la ciudadanía supere el debate sobre las primarias y comencemos a exigir una verdadera reforma electoral que entierre las prácticas clientelares, abra las direcciones de los partidos, garantice la participación igualitaria de mujeres y hombres, y por supuesto, no suponga un derroche de nuestros impuestos.
