La Matanza de Guayubín
Escrito por: Carlos R. Salcedo C.
El 18 de junio de 2000 República Dominicana fue centro de atención internacional ante la bochornosa escena que protagonizaron miembros del Ejército dominicano, cuando dispararon contra un camión que transportaba a un grupo de personas en donde perdieron la vida siete inmigrantes haitianos y resultaron heridos otros más, haciendo uso ilegitimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza.
Sin estos hechos haber ocurrido con motivo de ninguna guerra fueron “juzgados” por la justicia militar, la que tras varios años de procesos absolvió a los militares involucrados, quedando hasta ese momento impune tal acto de salvajismo.
Sin embargo, el estado de impunidad no se mantuvo por mucho tiempo. El 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia ejemplar, justa y necesaria, mediante la cual condenó al país por violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial.
Esta decisión de la CIDH más que una derrota debió ser tomada otra experiencia negativa para corregir lo que está mal, debiendo las autoridades aplicar los remedios procedentes ante el abuso e irrespeto a los derechos humanos.
Esta condena es la oportunidad para que el Estado deponga las armas de la prepotencia ignorante y la soberbia descarada, y adopte una actitud humilde y comprometida con los principios del Estado constitucional de derecho, cuya principal finalidad es garantizar la dignidad humana de todos.
Presidente, en lugar de que funcionarios deshumanizados, xenófobos y trujillistas sigan mancillando la dignidad de los familiares vivos de los acribillados y de quienes aman y defienden al ser humano, lance usted la primera piedra haciendo un mea culpa, anunciando al mundo que aceptamos y cumpliremos la condena inmediatamente, pues los dominicanos somos gente de paz y amantes y defensores de la vida humana. Eso es hacer lo que nunca se ha hecho.
