Puente peatonal, juego institucional peligroso.

Escrito por: Carlos R. Salcedo C.

Con la construcción del puente peatonal frente a la Universidad del Caribe (Unicaribe), sin la autorización del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), la  Oficina Supervisora del Estado (OISOE) y su director Miguel Pimentel Kareh, ponen en juego el estado de derecho, que implica el sometimiento pleno de la administración al ordenamiento jurídico del Estado (art. 138 de la Constitución).

El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base político administrativa local, además de que poseen potestad normativa, administrativa y de uso de suelo (artículo 199 de la Constitución). El artículo 19 de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, da competencia exclusiva a estos gobiernos locales para normar, gestionar y ordenar el territorio, planeamiento urbano, gestión de suelo y disciplina urbanística, normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes.

El desenfreno de la OISOE no solo es contrario a la Constitución y a la ley precitada, sino también a la ley 6232, de planificación urbana, que pone a cargo de las Oficinas de Planeamiento Urbano, la regulación, revisión, control, establecimiento de trámites y otorgamiento de los permisos para todos los proyectos de construcciones (artículos 1, 5 y 8) como a la ley 202-04, sobre áreas protegidas y a la ley 64-00, de Medioambiente, pues el Litoral Sur donde se construye la obra es área protegida.

El salto de la Constitución, la ley y el poder local, por parte de la OISOE y Unicaribe, constituye un grave peligro institucional. Unicaribe, con causas pendientes por infracciones graves previas, precisamente por construcciones ilegales, cuestiona con ello su propia existencia como entidad educativa.

Igualmente, que una dependencia de la Presidencia lo haga, pone en serios aprietos a Danilo Medina, quien no solo ha jurado cumplir con la Constitución y las leyes, sino que con su ejemplo ha demostrado que escucha los reclamos ciudadanos y más cuando de vulneraciones a la ley y la Constitución se trata. La vuelta al ordenamiento jurídico en este caso está en sus manos, señor Presidente.