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La marcha verde y las reformas necesarias

El país vive momentos de indignación ciudadana in crescendo. Las marchas verdes de Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago son un mensaje contundente al gobierno y a la clase política del hartazgo generalizado de la ciudadanía con el estado actual y las necesarias transformaciones políticas que tienen que hacerse para vencer la impunidad con la que opera el sistema político ante la corrupción.

Me atrevo a decir que estamos ante una coyuntura crítica que debe aprovecharse para impulsar reformas estructurales de envergadura que detengan el deterioro paulatino de la institucionalidad democrática y con esto, la paz social y el normal funcionamiento de los servicios públicos.

Estas reformas, desde mi punto de vista, deben ser impulsadas desde el movimiento de la marcha verde hacia los demás actores del sistema, es decir, que la presión ciudadana obligue a ceder al gobierno y al resto de la clase política. De forma que el movimiento no solo se concentre en un tema que puede diluirse sin que se garanticen cambios importantes de cara al 2020. Pues el problema de fondo es que con el orden institucional actual, aun siendo condenados los funcionarios que recibieron los sobornos de Odebrecht y todos sus cómplices, no hay garantía de que este mismo caso o peor no vuelva a suceder. Y pienso que el país requiere un andamiaje institucional que impida que haya otro caso como Odebrecht, y si sucede, que la respuesta no sea como la actual sino verdaderamente efectiva.

Las reformas estructurales que deben hacerse aprovechando el clamor ciudadano tienen que ver con el sistema electoral, el sistema de justicia y la Administración Pública. Reforzar la institucionalidad en estos sectores garantizará la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, mayor control de la Administración y sobre todo fomentará la paz social.

Respecto al sistema electoral, este es el momento oportuno para la aprobación de una ley electoral (que también incluya la regulación de los partidos) que otorgue mayor poder de fiscalización a la Junta Central Electoral, que ponga topes a las campañas, que obligue a los partidos a garantizar la democracia interna y la participación equilibrada de las mujeres, que establezca claramente las competencias del Tribunal Superior Electoral como órgano de control jurisdiccional de la Junta Central Electoral, que prohiba con sanciones el financiamiento ilícito a los partidos, que disponga de un plan de eliminación paulatina de los partidos sanguijuelas (todos sabemos cuáles son), y obligue la transparencia total de los fondos que estos reciben y sus colaboradores.

En cuanto al sistema de justicia, en noviembre de 2015 escribí en esta misma columna mi artículo “la justicia enferma”, el cual es todavía más vigente hoy día. Necesitamos garantizar la independencia del poder judicial reforzándola con mejores condiciones para los jueces, más infraestructuras, reformar las condiciones de acceso a la Escuela Nacional de la Judicatura y también, cómo no, redefinir el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Pero además, es urgente la creación de fiscalías especializadas para perseguir la corrupción administrativa y privada por leyes especiales que si bien estos organismos estén adscritos al Ministerio Público, sean plenamente independientes de éste para evitar estar bajo la solapa de la Procuraduría General de la República.

La mejor forma de parar la impunidad no es sólo con el castigo ejemplar, sino también evitando la ocurrencia de casos de corrupción. Y para esto hay que fortalecer los mecanismos de transparencia de la Administración Pública, siendo necesaria la revisión del marco normativo actual de compras y contrataciones. Además se requiere otorgar más potestades fiscalizadoras y sancionadoras a la Cámara de Cuentas para que su trabajo no se limite a enviar informes al ministerio público cuando sospeche que existan tipos penales sino que sea un órgano constitucional verdaderamente responsable.

Todo lo anterior debe ser acompañado con una aplicación férrea de la ley de función pública y la ley orgánica de la Administración Pública, que permitiría sanear la nómina del Estado, garantizar el acceso a función pública sobre criterios de mérito y capacidad, y eliminar las duplicidades y triplicidades de entidades que succionan el presupuesto general de la nación.

La indignación ciudadana debe servir para escribir un nuevo capítulo institucional virtuoso y la marcha verde en conjunto con la clase política no tradicional y alternativa tiene la tarea impostergable de lograrlo.