La educación no es regresiva
“Desarrollo e institucionalidad”
Luego de proponer reducir más de 4,000 millones de pesos de la asignación presupuestaria para educación, frente al reclamo colectivo, el gobierno declinó la transferencia de recursos del Ministerio de Educación para otros ministerios.
La transferencia de recursos de un ministerio a otro no es nueva. Pero, es cierto que si no se ejecutan determinadas partidas presupuestarias, por incapacidad o por situaciones ajenas a los gestores públicos, la Constitución prevé la posibilidad de modificación presupuestaria.
No es, pues, un pecado constitucional transferir partidas. La Constitución establece la inclusión de nuevas partidas y la modificación de la Ley de Presupuesto General del Estado y el traslado de recursos presupuestarios.
Para hacerlo la Constitución exige que sea por ley aprobada por una mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes, art. 234 CR) y siempre que la modificación sea anterior al primero de octubre de cada año. En caso de que la propuesta sea posterior a esta fecha, se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la matrícula (art. 235 CR).
Pero, luego de tantas luchas para que se cumpliera la Ley Orgánica de Educación, que dispone el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, sería contraproducente disminuir los recursos asignados cuando la propia Constitución (art. 63) y la ley establecen que la educación es un derecho fundamental, permanente e irrenunciable.
El cuestionamiento al uso de los recursos no puede ser justificación para disminuirlos. Deben sí abrirse espacios de discusiones amplias para determinar la inversión en formación docente, educación primaria y secundaria, mantenimiento y mejoramiento de los espacios educativos y nuevas estrategias educativas.
Siendo la educación tan importante en la formación de la sociedad, este ideal no puede decaer. El ministro de educación debe asumir el objetivo de alcanzar los niveles educativos que nos pueden garantizar el salto al desarrollo.
Los derechos fundamentales, como la educación, son progresivos: el Estado debe garantizar el gradual progreso para lograr su cumplimiento, siendo necesario tomar medidas eficaces y eficientes que no entrañen retroceso.
Tomado en serio el derecho, la práctica y gestión administrativa no pueden desdecir del lugar de la educación. Deben mantenerse las políticas de inversiones para tener profesores capacitados para la primaria y la secundaria, bases fundamentales para la formación de una sociedad plural, tolerante y cohesionada.
