Justicia y miedo
Miedo es la palabra que actualmente puede describir el estado en que se encuentra el Poder Judicial. Sobre todo la rama que está vinculada al control del poder público, donde la reivindicación de la Constitución y las leyes como límites al poder son esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El miedo en el Poder Judicial no es nuevo ni tampoco novedoso. Pero actualmente parece que hay una ola de terror que tiene un origen interno y también externo. A lo interno desde el propio Consejo del Poder Judicial y sus procedimientos disciplinarios cuestionados por los propios jueces y a lo externo por la vocación avasalladora del Ministerio Público a través de campañas mediáticas que enervan el populismo penal.
Me atrevo a decir que muchos jueces están atrapados entre la arbitrariedad del Consejo del Poder Judicial y la presión mediática provocada por el Ministerio Público, al margen de otras posibles injerencias del poder político a través del Consejo Nacional de la Magistratura y las consecuencias que esto tiene para la carrera judicial.
Y esto, evidentemente, lejos de fortalecer el sistema de justicia provoca su paulatino desmoronamiento. El miedo está venciendo al Estado de Derecho que los jueces están llamados a garantizar y por consiguiente, diluyendo la protección efectiva de los derechos fundamentales.
En la lógica constitucional, el Poder Judicial sirve de tercero imparcial e independiente ante los conflictos entre particulares y entre las personas y el Estado. Ciertamente los jueces tienen una gran responsabilidad pues de ellos depende que la Constitución, sus principios, valores y reglas, así como las leyes, sean observadas y cumplidas.
La institucionalidad democrática exige jueces independientes e imparciales para que no les tiemble el pulso al momento de dictar sentencias conforme los principios enarbolados en la Constitución y que sean contrarias a los intereses del poder político.
El desarrollo institucional del país requiere de un Poder Judicial que no ceda ante el chantaje y la extorsión de un Ministerio Público irrespetuoso del Estado de Derecho y que sea firme en la aplicación de la Constitución y las leyes, no una judicatura que tuerza y desnaturalice su rol al validar arbitrariedades que a la larga apuntan a un mayor deterioro del sistema.
En momentos en que la ciudadanía desconfía del sistema de justicia, recuperar su confianza solo será posible con la firmeza, la valentía y el arrojo de una judicatura que se atreva a utilizar su mejor arma: la aplicación irrestricta de la Constitución y las leyes atendiendo siempre los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, sin ceder a las presiones externas de los poderosos.
