Carlos Salcedo
Hablar de ética pública hoy no es un ejercicio académico; es una toma de posición. La reciente Semana de la Ética Gubernamental ha confirmado una verdad incómoda: aquí no faltan normas, el problema es de cumplimiento.
Ulises Francisco Espaillat entendió que el poder no es un privilegio, sino una función limitada por principios. Renunció antes que traicionarlos. Ese estándar es un punto de referencia.
Nuestro marco jurídico es robusto. Desde la Constitución hasta las leyes de contrataciones públicas, función pública y control financiero, el sistema está diseñado para prevenir y sancionar la corrupción. Incluso, tras un período de debilitamiento -con la modificación introducida por la Ley 449-06 a la Ley 340-06- se han reintroducido consecuencias penales para fortalecer la disuasión.
Con la Ley 47-25 el sistema vuelve a tener dientes, pues tipifica conductas, endurece sanciones, refuerza controles y reduce la discrecionalidad.
Y, sin embargo, fallamos. Recientemente, la Cámara de Cuentas decidió aumentarse los salarios. No es una zona gris. La Constitución prohíbe a los funcionarios decidir en beneficio propio. La retractación posterior no borra el hecho. El daño no es solo jurídico; es institucional. Sin credibilidad, el control pierde eficacia.
Sabemos lo que hay que hacer. El problema no es de diagnóstico. Es de conducta. Aun sabiéndolo, actuamos en contra.
Entonces, la corrupción no es solo un fenómeno jurídico. Es, como advierte Alejandro Nieto, una patología del sistema democrático. Surge cuando los controles fallan, la rendición de cuentas es formal y la política coloniza la administración. Deja de ser excepción y opera como regla.
Los casos impulsados por el Ministerio Público -Antipulpo, Medusa, Coral, Calamar- son relevantes. Visibilizan estructuras complejas y el elevado costo de la corrupción. Ahora bien, un sistema no se mide por los casos que persigue, sino por los que evita. Cuando la respuesta llega por la vía penal, el daño ya está hecho.
El desafío es preventivo: controles efectivos, auditorías independientes y transparencia real. Pero, también es personal. El sistema proyecta la conducta de sus integrantes. Como actúan sus funcionarios, así funciona.
El reto, entonces, es cultural: pasar del aprovechamiento a la responsabilidad. Entender que la legalidad es el punto de partida, no el techo ético.
La integridad no se proclama. Se practica. Y su ausencia no derrumba instituciones de golpe, las erosiona lentamente.
La decisión es colectiva, pero se ejerce individualmente. Y en ella se define el país que somos.
Publicación en el periódico El Día: https://eldia.com.do/integridad-sabemos-que-hacer-el-problema-es-hacerlo/
