Invisibles y excluidos por la JCE

Escrito por: Carlos R. Salcedo C.

 La JCE no deja de ser noticia. Hace poco, sin tener potestad constitucional ni legal para ello, elaboró su propio reglamento de compra y contrataciones y elaboró un tarifario de tasas por servicios que desborda los límites de la discrecionalidad y la razonabilidad. Esta hilada de desaguisados se une a las constantes rebatiñas de miembros del organismo electoral con su Presidente.

Esto pone al desnudo la crisis interna que padece, como los elementos de presión externa, provenientes de cúpulas partidarias que desean sean removidos miembros de esta instancia estatal que dan a conocer al país posibles actuaciones reñidas con la ley o actuaciones desmedidas y arbitrarias de ese órgano.

Pero donde la JCE se ha quemado más es en la contribución perversa que ha hecho a crear apátridas de facto por negarle a ciudadanos extranjeros, sobre todo de origen haitiano, que han nacido aquí al amparo de una Constitución que los reconocía por el solo nacimiento como dominicanos, el derecho a la identidad, uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, necesario para poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales, como la vida, educación,  alimentación, salud, agua, libertad y protección.

Nacemos con el derecho a obtener una identidad, es decir a un nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad, pues es lo que nos caracteriza y diferencia y la prueba de la existencia de nosotros en una sociedad.

Arrebatarle ese derecho de identidad a ciudadanos dominicanos, no importa su apellido, es un crimen, pues con ello se les  hace invisible y excluye y se les niega la capacidad jurídica y una serie de derechos y obligaciones. Asimismo, no tendrán acceso a los servicios necesarios para desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la sanidad.

Sean 22 mil, 2 mil o uno solo los excluidos por la JCE eso caracteriza una falta grave en las funciones y el juicio político procede. El congreso tiene la palabra.