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“Presidente, es su responsabilidad”

Escrito por: Carlos R. Salcedo C.

Durante su campaña electoral el actual Presidente de la República mostró con lucidez al país su proyecto de país. A pesar de contradicciones ya conocidas entre su primer discurso y sus primeras designaciones, hay señales que apuntan a una administración centrada en decisiones políticas para atacar nuestras pobrezas fundamentales, sin atosigamientos mediáticos.

Por lo que dijo en su camino al Palacio Nacional entendí que Danilo Medina instalaría “un código de ética y moral en la administración pública”. El entonces candidato presidencial sostuvo también que fortalecería la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la independencia del Ministerio Público. Este discurso electoral quedó sellado en su toma de posesión cuando afirmó que sería implacable con los corruptos.

Me sorprende que esta semana, aún cuando reiteró la promesa de que su gobierno será “ético”, haya afirmado que perseguir la corrupción no es su responsabilidad, llegando a decir que «a mí no me corresponde eso, allá (en República Dominicana) hay una separación de poderes». Quiero creer que se trata de un gazapo, pues, como seres humanos que son, los presidentes se equivocan.

Si uno de sus objetivos es el de fortalecer el ministerio público encargado de la persecución de la corrupción y si además el Presidente designa al Procurador General de la República, quien dirige el ministerio público, formula e implementa la política del Estado contra la criminalidad, incluida la corrupción, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad, ¿Quién tiene la razón, el candidato o el Presidente?

Reconocer su error en este caso, Presidente, lo engrandece. Su responsabilidad también es perseguir la corrupción y hay diferentes formas, como usted lo ha dicho: siendo implacable con ella, mediante la destitución del funcionario corrupto e impulsando procesos de investigación y persecución contra todo aquel empleado público que exhiba una conducta y cometa actos atentatorios contra el patrimonio público.