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Las tres causales, Código Penal y Ley de Salud

“DESARROLLO E INSTITUCIONALIDAD”

Las tres causales, Código Penal y Ley de Salud

Carlos Salcedo

Tenemos dos décadas esperando que el Congreso Nacional apruebe un Código Penal que responda a la realidad de la delincuencia de hoy. La política criminal del Estado está anclada en los albores del siglo XIX. Lo detienen las tres causales –son más- de interrupción del embarazo.

En la República Dominicana se castiga el aborto con penas de hasta dos años de prisión para mujeres que induzcan abortos y de hasta 20 años para médicos que los practiquen.

El legislador del siglo antepasado no previó los casos en que, por puras razones de sanidad, deba intervenir la voluntad de la mujer. El legislador del siglo XXI debe autorizar la interrupción del embarazo – no en un patio o clandestinamente- siguiendo un protocolo médico: 1) cuando la mujer se encuentre en riesgo vital; 2) cuando el embrión padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente; 3) cuando sea resultado de una violación, siempre que no haya transcurrido determinado tiempo; 4) cuando resulte de un incesto; y, 5) cuando resulte de una relación de un adulto con una mujer con discapacidad, interdicta por demencia o por minoridad.

Las cifras de mortalidad materna por complicaciones, debido a abortos ilegales o espontáneos, alcanzan el 8 % del total, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Junto a otros 25, incluido Haití, somos los únicos países que prohibimos y penalizamos el aborto.

Muchos, con razón, afirman que si el código sanciona una conducta debe prever la no sancionada. Pero, tenemos una Ley de Salud, llamada a prever que, por razones de sanidad pública, para salvar la vida de la madre, debe emplearse el método interruptivo del embarazo.

Las políticas públicas de protección de la vida y la salud deben estar por encima de credos e ideologías. De ahí que la mujer que decida abortar en los casos referidos, o se incluyen en el proyecto de Código Penal que conoce, por enésima vez, la Cámara de Diputados, o se insertan, concurrentemente, en la Ley de Salud. Con esto quedan despejadas las dudas de una ley especial, que no sabemos si debemos esperar otros veinte años para su posible aprobación.

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