Desinstitucionalizando la justicia
Actualmente el sistema de justicia atraviesa por tiempos difíciles. A quienes nos toca la labor de litigar y ser “auxiliar” del sistema, vemos con preocupación lo que recientemente viene sucediendo. Ya en otras ocasiones he escrito sobre los problemas que afectan al sistema de manera general y los retos que tiene; pero en este artículo quiero llamar la atención sobre un asunto que contribuye poco a poco a la total desinstitucionalización de la justicia y por consiguiente al paulatino descontento de las personas con el Poder Judicial, particularmente en el ámbito penal.
Los choques entre el Ministerio Público y la judicatura no son nuevos ni novedosos ni tampoco es algo que no es de esperar. En cualquier Estado mínimamente democrático y organizado bajo el principio de división de poderes debe esperarse que el diseño institucional de frenos y contrapesos funcione. De ahí que los “enfrentamientos” entre fiscales y jueces sea lo normal, siempre y cuando con esto lo que se pretenda en el fondo sea el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y no la deslegitimación de uno u otro.
Dada la mediatización de escándalos y casos de elevada connotación pública, en los últimos años se ha podido observar una práctica penosamente recurrente del Ministerio Público: pasar la papa caliente a los jueces con expedientes mal o insuficientemente instrumentados.
Y digo “papa caliente” porque en los casos con alguna relevancia pública el Ministerio Público hace una especie de campaña mediática durante la investigación y mientras se conoce el proceso, para sugestionar o predisponer la opinión pública. De tal forma que si los jueces le fallan en contra, la culpa nunca es de la fiscalía sino exclusivamente de los jueces.
Ahora bien, esto no solo pasa en los casos con alguna connotación pública sino en el día a día de la justicia penal con los delitos de bagatela que afectan diariamente al país. Evidentemente en la inmensa mayoría de estos casos no hay un despliegue mediático; pero la presión es ejercida de forma distinta.
Mientras que en los casos de relevancia pública la presión ejercida a los jueces por parte del Ministerio Público es a través de los medios de comunicación y las redes sociales; en los otros casos la presión viene con la instrumentalización de los familiares y los miembros de las comunidades que están involucrados.
Por eso vemos declaraciones alegres de fiscales y procuradores denostando la labor que hacen los jueces sin reparar en las responsabilidades institucionales y el cambio de paradigma que supuso el Código Procesal Penal, lo cual ha provocado que de vez en cuando exista un match mediático entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Este tipo de acciones son notoriamente injustas pues los jueces no pueden emitir opiniones públicas sobre los casos que están apoderados o que eventualmente les tocaría conocer con lo cual no pueden mover los hilos de la opinión pública, contrario al Ministerio Público.
Esta práctica del Ministerio Público hiperboliza los juicios paralelos que tanto daño hacen al fortalecimiento del sistema de justicia penal pues sirven de caldo de cultivo para robustecer el populismo penal y con ello socavar las garantías y derechos que le asisten a toda persona que se le presume inocente en virtud del artículo 69 numeral 3 de la Constitución.
Lo cierto es que los jueces tienen la irrenunciable tarea de fallar conforme a Derecho y emitir sentencias ejemplares que sancionen las malas prácticas del Ministerio Público. Fallando como lo exigen las normas y no cediendo a las presiones de la opinión pública es la mejor manera de frenar las ofensivas mediáticas y sobre todo, obligar al Ministerio Público a ajustar sus protocolos de actuación e investigación a los principios cardinales establecidos en el artículo 170 de la Constitución: legalidad, objetividad y responsabilidad.
